Proyecto Miroslava: La periodista que se rehusaba a ser cómplice

por El Día Después

Miroslava Breach vivió bajo acoso constante desde marzo de 2016, cuando comenzó a ser presionada por sus publicaciones sobre los vínculos entre grupos del narcotráfico y sus fichas en la política. Ella advirtió de sus amenazas a su viejo amigo Javier Corral, recién electo gobernador de Chihuahua, y a los encargados a nivel federal del mecanismo para proteger periodistas. El Colectivo 23 de marzo, formado por periodistas mexicanos, en colaboración con las organizaciones internacionales Forbidden Stories, Bellingcat y el Centro Latinoamericano de Investigaciones Periodísticas (CLIP), reconstruyó la trama de amenazas vinculadas a sus publicaciones, las advertencias que lanzó sobre el peligro en que estaba y las pistas que dejó en sus publicaciones antes de su asesinato el 23 de marzo del 2017 y que las autoridades no profundizaron.

 

Por Colectivo 23 de marzo y aliados internacionales

 

Antes del asesinato, un Malibú gris rondaba por la calle José María Mata, en la colonia de Granjas, de la ciudad de Chihuahua. Las cámaras de vigilancia  lo registraron seis veces entre el 21 y el 22 de marzo de 2017, mientras pasaba frente a la casa de dos pisos, ahora tristemente famosa. Fue en la cochera de ese número 1609, con sus rejas café y un patio delantero lleno de plantas, donde un hombre asesinó de ocho tiros a la periodista Miroslava Breach Velducea, la mañana del 23 de marzo, mientras esperaba a su hijo para llevarlo a la escuela.

 

Pocos días antes de su muerte, una de sus cuatro hermanas estuvo de visita y recuerda que la tarde del 20 de marzo, mientras juntas descargaban plantas de la camioneta guinda de Miroslava, sus ojos cruzaron la mirada con un hombre que caminaba por la banqueta. Un escalofrío le cruzó el cuerpo. Cuando supo del asesinato, entendió que su hermana estuvo bajo estrecha vigilancia.

 

La veterana corresponsal del diario nacional La Jornada, y autora de las afiladas columnas políticas que publicaba El Norte de Ciudad Juárez se había acostumbrado a vivir bajo acoso por lo que publicaba. Nadie ha podido establecer cuántos mensajes intimidatorios recibió hasta el día de su asesinato.

 

Meses antes de su homicidio, sus parientes y amigos cercanos comenzaron a notar que mencionaba con frecuencia la posibilidad de su muerte. La familia ya se había acostumbrado a sus osados reportajes y ella a recibir mensajes amenazantes a los que parecía no darles importancia. Pero a partir de diciembre de 2017 hizo cosas anormales como pedir la cotización para blindar los vidrios de su camioneta. También repetía a sus hermanas cómo debía ser dividida su herencia entre sus dos hijos –una veinteañera y un adolescente de 14 años-, hablaba de sus seguros de vida y quién debía encargarse del menor si ella faltaba.

 

Algunos colegas mencionaron a este Colectivo que sus últimos meses la escucharon cuestionarse si debía abandonar el oficio y dedicarse a cocinar, como tanto disfrutaba, pero ella misma se interrumpía y terminaba hablando de los planes de afianzar su agencia de noticias MIR o repitiendo que no podía abandonar la profesión porque, decía, “alguien tiene que decir las cosas”.

 

Su hermana mayor, Rosa María, recuerda que llegó a pedirle a Miroslava que no contara de sus amenazas si no estaba dispuesta a hacer algo para cuidarse. Algo como informarle a su viejo amigo Javier Corral, el antes senador, quien a finales de 2016 acababa de convertirse en gobernador de Chihuahua por el PAN.

 

TEMAS PROHIBIDOS

 

El acoso contra Miroslava Breach Velducea comenzó un año antes de su muerte específicamente cuando denunció los desplazamientos por violencia en la Sierra Tarahumara. Las amenazas empezaron a partir del 4 de marzo de 2016 en  que publicó un reportaje –de manera coordinada con la corresponsal de Proceso, Patricia Mayorga, como medida de protección- sobre la estrategia de varios grupos criminales de imponer candidatos a presidentes municipales. Con sus denuncias tumbaron a dos candidatos del PRI, uno de ellos era el candidato de Chínipas, Juan Salazar Ochoa, sobrino de los fundadores de un grupo armado que controla una importante franja al sur de la Sierra Tarahumara colindante con Sonora llamado Los Salazares.

 

Como Miroslava era nació en Chínipas y fue criada en Navojoa, Sonora, conocía muy bien al grupo de Los Salazares, pues ellos también eran originarios de esa misma tierra y habían expandido sus negocios al sur de Sonora. Los Salazares era una numerosa familia que de rancheros pasaron a ser socios del Cártel de Sinaloa y dos de sus integrantes estuvieron entre los más buscados por la agencia estadounidense antinarcóticos, la DEA.

 

Miroslava redactó su primera nota de denuncia sobre el terror instaurado por grupos criminales en la Sierra Tarahumara en 1999 cuando publicó una denuncia de organizaciones de derechos humanos acerca de la incursión de hombres armados que mataban, torturaban gente y quemaban viviendas en las comunidades indígenas rarámuris para obligarlas a cultivar drogas. Un año después, mencionó por primera vez en una nota a Adán Salazar Zamorano, el fundador del grupo de Los Salazares, de quien publicó el rumor de que es el “principal productor y comprador  de droga en la zona serrana”. Luego señaló cómo las autoridades lo habían dejado escapar a pesar de que habían sido detenido con armas, y otro episodio en el que sufrió un atetado en un fraccionamiento elegante de Chihuahua del que lo salvaron sus escoltas armados.

 

Aunque Miroslava había estudiado Ciencias Políticas, y tenía facilidad y le gustaba hacer crónicas parlamentarias, o escribir columnas con las que ponía a temblar a los políticos, un colega recuerda que ella le explicó que había pasado de cubrir corrupción política a violencia “cuando la nota política se convirtió en nota roja”. Justo desde el año 2008 Chihuahua se había convertido en uno de los estados más violentos y Ciudad Juárez por dos años fue la ciudad más violenta del mundo.

 

Esa década Miroslava fue describiendo en sus reportajes cómo los grupos armados –entre ellos Los Salazares– querían controlar los procesos electorales, primero movilizando, luego obligando a los votantes a elegir a quien imponían como sus candidatos, o impedían la instalación de casillas electorales. También comenzó a mencionar a alcaldes con “relaciones peligrosas” –en la lista estaba Chínipas-. En 2011 mencionó cómo el grupo criminal al mando de Alfredo Salazar Ramírez, hijo de Adán, iba apoderándose de territorios, poniendo retenes, transportando sicarios en avionetas e implantando el terror para abrir una nueva ruta para el tráfico de drogas. Ese año Salazar Ramírez cayó preso, en este momento tiene un amparo para no ser extraditado a Estados Unidos donde lo quieren enjuiciar por tráfico de cocaína. Las siguientes notas de Miroslava ubicaban a su tío Crispín, hermano de Adán –encarcelado desde 2011- como su sucesor.

 

Los Salazares comenzaron a hacer evidente que no les gustaba que escribiera sobre ellos a partir de 2015. Se lo hicieron saber a partir de una nota que publicó sobre el desplazamiento forzado de cientos de personas por las disputas territoriales que el grupo tenía en Chínipas. A ella le indignó mucho que unos ancianos conocidos suyos habían tenido que abandonar su casa.

 

Luego vino la publicación que tumbó dos candidaturas,  a partir de la cual recibió una “advertencia” de un conocido serrano en contacto con los criminales, luego fueron sus asustados familiares de esa región quienes le mencionaban el peligro que corría. En mayo o en junio recibió una llamada telefónica en la que el vocero del PAN estatal, Alfredo Piñera, le insistió que revelara sus fuentes de información sobre la identidad del candidato de Chínipas, porque estaban culpando de la filtración al presidente municipal panista. Miroslava se negó, dijo que no buscaran sus informantes, que por ser de Chínipas conoce todo lo que pasa en ese lugar. “Por eso firmé la nota porque yo sí tengo ovarios”, dijo enojada, “porque el silencio es complicidad”.

 

Piñera dio la grabación a Schultz quien la entregó a integrantes de Los Salazares para quitarse la presión de encima, según quedó establecida en la investigación judicial de la Fiscalía estatal.

 

El 25 de noviembre de 2016, en columna Don Mirone, Miroslava escribió sobre Schultz lo siguiente: “También jugó de mensajero de Salazar para intentar amedrentar a periodistas que han documentado lo que sucede en esa región”. En el expediente iniciado por la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua,  continuado por la federal Fiscalía Especializada en Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) existen dos testimonios que mencionan que ese político le hizo llegar una amenaza. Sin embargo, no se le entrevistó al respecto, se le trató como testigo con identidad reservada no como sospechoso.

 

El último artículo sobre el tema, publicado en febrero de 2017, es probablemente el que le costó la vida. Titulado “Los cárteles se infiltran en los municipios de Chihuahua”, nombraba a los directores de seguridad pública vinculados con los grupos criminales y especialmente a la poderosa familia de Chínipas, y el jefe de la policía, también pariente de Los Salazares, Martín Ramírez Medina, a quien identificaba como un criminal.

 

Nadie más en Chihuahua publicó esa información. La mayoría de la prensa local había aprendido a guardar silencio. El saldo de periodistas asesinados hasta 2017 fue de 21, al menos cuatro periodistas estaban exiliados.

 

UNA MUERTE CANTADA

 

Cuando se supo de su asesinato, hubo tantas y tan variadas hipótesis sobre quién habría ordenado su muerte, como  enemigos se había ganado Miroslava por sus notas. En el expediente de su asesinato –leído en parte el 27 de diciembre de 2017 en la audiencia de inicio del proceso contra Juan Carlos Moreno Ochoa, alias El Larry, lugarteniente de Los Salazares- quedó constancia de ello.

 

Por los testimonios y por entrevistas realizadas por este colectivo se sabe que Miroslava investigó por dos años el enriquecimiento del gobernador priista saliente César Duarte (hoy prófugo), y fue la primera que dio a conocer la triangulación de fondos a través de Banco Unión Progreso, un banco creado por él. Al momento de su asesinato –como reveló La Jornada– estaba investigando la perforación ilícita de pozos de agua y la compra de equipos de alta tecnología para riego en al menos nueve municipios de la entidad, todo ello como parte de una operación de lavado de dinero del narcotráfico.

 

Para ella no había tema intocable.

 

“Tenía documentado todo el enriquecimiento ilícito del gobernador César Duarte y de la relación con el narco que tenían varios políticos, que iba a ir sacando poco a poco reportajes, me comentó que tenía información de la relación minera que tenían los narcos con los gobernantes y gente de gobierno”, declaró un testigo. La persona que dio ese testimonio recuerda que, como medida de seguridad, Miroslava compró diferentes bandas anchas en otros estados para no dejar rastro de sus búsquedas en internet.

 

La veintena de familiares y colegas que declararon ante la Fiscalía del Estado mencionaron que las notas de las “narcocandidaturas” como las más llamativas.

 

LAS AMENAZAS QUE NADIE ATENDIÓ

 

A mediados de agosto ella avisó de las amenazas al recién electo gobernador Corral, dos meses antes de que asumiera el cargo. Eso ha sostenido la familia y lo refuerza una colega con una conversación de Whatsapp que tuvo con Miroslava en la que cuenta que Corral se comprometió a intervenir.

 

“Me llamó Corral el viernes pasado, en muy buena postura frente al tema que hablamos. Dijo que no me preocupara, que él tomaría cartas en el asunto con el alcalde de Chínipas”, escribió Miroslava la conversación.

Su interlocutora le respondió: “Qué bueno. Que calmen el tema en lo político”

“No sé si lo haga”, respondió MIroslava, “pero al menos se mostró sensible, hace la diferencia”.

 

Dos hermanas aseguran lo mismo pero no pueden probarlo porque, dijeron, sus celulares y computadores se las llevó la Fiscalía del Estado el día del crimen.

 

Miroslava advirtió en diferentes espacios de los riesgos que corría, pero no hizo  una denuncia formal. El 12 de octubre de 2016, en una reunión del Mecanismo Federal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas en la ciudad de Chihuahua, a la que acudieron periodistas, defensores que formaban parte del gabinete de transición y enviados de la Secretaría de Gobernación, habló públicamente de sus amenazas y quedaron escritas en la relatoría del encuentro.

 

Se sabe que en noviembre de 2017 un conocido de Sonora la advirtió que el viejo Crispín, o El Jefe Salazar, había estado preguntando por ella. Cuando un familiar le preguntó qué iba a hacer Miroslava respondió : “qué voy a hacer, alguien tiene que decir las cosas”.

 

Estaba molesta con Corral porque durante su campaña le había entregado información sobre la corrupción que había documentado del gobierno anterior y él, una vez en el poder, no la había usado. Se habían distanciado por críticas que publicó desde su columna. Ella también se había alejado de los defensores de derechos humanos, sus antiguos aliados, que habían aceptado participar en el gobierno de Corral, a algunos les reclamó haber perdido su espíritu crítico.

 

“Durante su campaña electoral, le había confiado a Corral información sobre su investigación y él nunca hizo nada con respecto a eso (…) estaba muy enojada, decepcionada, porque esa información era valiosa”, declaró ante la fiscalía un pariente anónimo.

 

En diciembre, Miroslava comenzó a decir a sus familiares y amigos que la situación en el estado iba a empeorar, y advertía que matarían a un periodista para “armar un desmadre” en el estado, y que en la lista estaba ella. “Se van a poner cabronas las cosas”, recordó un pariente.

 

Luego pidió la cotización del blindaje a la camioneta, encargó a sus hermanas a su hijo pequeño. El 23 de marzo de 2017 la mataron.

 

En el primer aniversario del asesinato, los cinco hermanos de Miroslava denunciaron que en una reunión Corral los había ofendido porque había insinuado que Miroslava fue responsable de su propia muerte porque “le estaba pisando los callos al diablo” al investigar temas peligrosos. Corral negó haber pronunciado esas palabras.

 

Un año antes, en la conferencia de prensa que dio el día del asesinato, Corral dijo que Miros, usando el apodo que sus amigos le decían de cariño, le había informado de las amenazas dos años antes (y no ocho meses atrás como indican los testimonios y el chat). No quiso revelar quién era la persona que la había amenazado, tampoco fue llamado a declarar sobre este tema. Adelantó que la línea de investigación del caso sería su trabajo periodístico acumulado y, dos días después, mencionó que sus denuncias sobre la narcopolitica.

 

Se desconoce el contenido de los mensajes, o la información que Miroslava tenía en su computadora y los discos duros que recogió la Fiscalía. En el expediente no está consignada esa información. Los archivos que las hermanas dicen que no recuperaron sirvieron para nutrir expedientes de los grupos criminales de la entidad, según declaró este año el fiscal Cesar Augusto Peniche a la prensa local. Sirvieron para otros casos, no para aclarar el suyo.

 

En septiembre de 2017 se descubrió que desconocidos entraron a su casa, no robaron, sólo revolvieron papeles. Como si buscaran algo. Lo mismo volvió a pasar hace dos meses.

 

En las actuaciones judiciales a las que este colectivo tuvo acceso no se refleja que las fiscalías estatal y federal hubieran indagado las pistas que Miroslava dejó en sus publicaciones sobre quienes la amenazaban las cuales permitirían profundizar en quiénes podrán estar detrás de su crimen.  Sigue sin ser esclarecido el asesinato de Miroslava Breach Velducea la periodista que no quiso callar porque, como repetía, el silencio es complicidad.

 

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