¿De qué va la llamada Ley Garrote de Tabasco que busca penalizar protestas?

por Viridiana Ramirez

Por Nación 123

La Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil del Congreso de Tabasco aprobó el viernes un dictamen que busca imponer penas de hasta 20 años de prisión a personas que realicen bloqueos, impidan la realización de obras públicas o cierren el paso a zonas petroleras.

El dictamen fue propuesto por el gobernador Adán Augusto López Hernández, emanado de Morena.

La reforma será votada en el Pleno este lunes y cuenta con el aval de la bancada mayoritaria de Morena, pero los legisladores del PRI anticiparon su voto en contra con el argumento de que es “incongruente” castigar una práctica que promovió hace más de dos décadas el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, aprobó por mayoría de votos los cambios al Código Penal en donde se aumentan las penas de 10 a 20 años para las personas que cometan “delitos contra la libertad de tránsito; de oposición a que se ejecuten trabajos y obras públicas, e interrupción o dificultad del servicio público de comunicación”.

“Se trata de ‘meter orden’, porque muchas veces se va a realizar una obra y diversos sindicatos no están de acuerdo por ciertos intereses, y tratan de cerrar el paso para frenar el avance de los proyectos que tanto necesita Tabasco”, dijo Julia Pardo Contreras, presidenta de la comisión.

La bancada del PRI se opuso a través de la diputada Ingrid Rosas Pantoja, quien calificó la propuesta como “ley Antimarchas”, pues no sólo busca frenar a los seudosindicatos, sino a cualquiera que pretenda manifestarse. En redes sociales fue bautizada como “ley garrote”:

“Existen elementos que ponen en evidencia que las reformas se usarán no solo para los miembros de los sindicatos que bloquean obras y accesos para que les asignen los trabajos o reciban alguna prevenda, sino que por lo elevado de las penas, también serán pretexto para inhibir el derecho de los ciudadanos de ejercer cualquier tipo de inconformidad en contra del Gobierno federal, estatal o municipal o de cualquier otro ente público, aunque sean pacíficas”, sostuvo.

Agregó que el presidente López Obrador desconoce este “atropello democrático” y seguramente no lo avalará, pues él mismo recurrió a plantones y marchas.

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