La naturalización de la narrativa securitaria y de violencia en México

por Viridiana Ramirez

Por Insyde en Animal Político 

En México tenemos tiempo transitando una crisis de violencia que ha tenido un profundo impacto en nuestra percepción, lenguaje y en la configuración de los imaginarios sociales. Durante tres sexenios y la administración reciente hemos atestiguado una diversidad de lecturas y estrategias para reducir y controlar el poder del narcotráfico y la escalada violencia, que hacen parecer que hablamos de cuatro países diferentes. Los intereses dogmáticos y políticos en torno a estos problemas han tomado al país como rehén, sin mostrar hasta el momento señales claras del rumbo o salida, que permita recuperar de manera sostenible las condiciones de seguridad y de paz. Ante este escenario, se complejiza la formación de un análisis objetivo respecto al fenómeno de la violencia influyendo en la ciudadanía, los medios de comunicación e incluso en quienes nos dedicamos a la producción de análisis y propuestas en la materia.

Como es natural, confluyen diversos factores que contribuyen a crear este embrollo. Sin embargo, me enfocaré en uno que ha capturado mi atención en los últimos años. Las narrativas alrededor de la violencia. Es decir, aquella forma oral, escrita, visual o simbólica en las que contamos o nos referimos a los hechos asociados a la violencia social y delictiva.

La razón que sostiene este análisis es la certeza de que estas narrativas y en particular el lenguaje, construyen una realidad que moldea los imaginarios colectivos y eminentemente los juicios respecto al tema. Es decir, el efecto que tienen estas narrativas en la configuración de importantes definiciones, tanto en el ámbito público, como en el ámbito social y comunitario. En el primero, porque se plantean las decisiones de política pública y las miradas desde donde se intervendrá para responder al problema de la violencia. En ese punto podemos ver qué aspectos y mecanismos se privilegian en la formulación de la política pública, si se orientan a la prevención, la contención, el control o la sanción, y desde qué aproximaciones. Y, por otro lado, el ámbito social en el que se construye una actitud, demandas y otras formas de responder a la violencia.

Para lograr comprender el proceso de radicalización de la narrativa securitaria y de violencia, me centraré en tres puntos que han influido en la instalación de una lógica orientada a la guerra que, según se mira, no vislumbra un término próximo. En primer término, me referiré al proceso gradual de militarización que hemos tenido en materia de seguridad pública, y que inicia cronológicamente durante la administración de Ernesto Zedillo (1994-2000) y que se radicaliza durante el gobierno de Felipe Calderón mediante la declaratoria frontal que hace de guerra contra el narcotráfico, cabe decir, contando con el auspicio de la Iniciativa Mérida. Durante el periodo de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se extiende dicha estrategia, y avanza con la propuesta de dotar de sustento jurídico la actuación de la FFAA en actividades de seguridad interior. Actualmente, como resultado del arribo a Palacio Nacional del presidente López Obrador (2018) se posicionó y empujó una reforma constitucional para la creación de una Guardia Nacional con funciones en materia de defensa, seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública. Desde esta mirada se impuso la conducción de un mando militar y la incorporación mayoritaria de personal del Ejército y de la Armada, respecto a personal con adscripción policial.

El segundo punto da cuenta de la actitud de sumisión del Estado Mexicano, y de otros sectores, ante el despliegue de una serie de recursos que han sido empleados desde Washington para anticiparse a determinadas amenazas, para mantener o potenciar su posición estratégica y asegurar el orden establecido mediante diferentes instrumentos, que son referidos por Gabriel Tokatlian (2018) como la “Grand Estrategia” y que emplean recursos de diplomacia, temas de defensa, atributos militares, la persuasión y la coerción”. Aspectos que recuerdan el proceso recientemente articulado desde Washington para pactar con el gobierno mexicano una estrategia más “efectiva” que redujera los flujos de migración “ilegal” a su territorio como intercambio a la imposición de aranceles comerciales para nuestro país.

El último punto, plantea la ausencia de una política de seguridad ciudadana que visibilice y atienda otro orden de violencias igualmente centrales, que opusiera resistencia a la pulsión y a la narrativa securitaria impuesta desde las élites. No obstante, dicha omisión ha contribuido a crear un ambiente propicio para imponer como principal recurso el uso de la fuerza, la hegemonía militar y una narrativa ad hoc a la conveniencia del poder político y económico .

A partir de la declaratoria de guerra contra el narcotráfico y del incremento expresivo de la violencia, han sido múltiples los beneficios y la rentabilidad que ha traído consigo la tendencia y la narrativa securitaria. Ha beneficiado a ámbitos específicos, entre ellos, el político, el militar, a algunos rubros mediáticos, noticias, literatura, cinematografía, televisión, plataformas de streaming y la prensa. Incluso ha producido un boom de analistas, expertos/as, y el nacimiento de nuevas empresas de seguridad en forma de consultorías de origen extranjeras y domésticas, que han generado “modelos” o estrategias que se comercializan como franquicias bajo el mote de “buenas prácticas”.

Por otro lado, la centralidad del tema de la violencia en la agenda pública, en los espacios de socialización y específicamente en los medios de comunicación, tiene una alta repercusión en la configuración de las dinámicas sociales. Al respecto, González, Tinoco y Macedo (2012) afirman que en sociedades donde la conflictividad, la violencia y el delito son una realidad fáctica, el sentimiento de miedo se potencia, y encuentra su reafirmación con la acentuada presencia de la policía y las FFAA. En este contexto, el sentimiento del miedo se ha posicionado como organizador de la vida social, dando como resultado, una sociedad que se organiza en torno al miedo.

En este sentido, Tokatlian también advierte sobre otros fenómenos, como la inserción de determinados pánicos morales, “que son representados como amenazas a los valores e intereses de la sociedad, y que tienen, el potencial de trastocar decisiones en el ámbito legal, en la política social o la manera en que la sociedad se percibe a sí misma”.

Así, los miedos y una narrativa totalizante de la violencia han capturado la lectura del contexto. Viene a cuento, para ilustrar este hecho, el análisis de declaraciones y argumentos que expresan la disposición de muchos sectores a anteponer la seguridad pública o nacional, según sea, sobre el reclamo de nuestros derechos, o la justificación de acciones extralegales para detener el avance de las organizaciones delictivas. No es excepcional conocer de reacciones desproporcionadas ante una transgresión o conflicto que escala hasta llegar a lesiones irreversibles o consecuencias letales. Poco hemos reparado de manera consciente sobre nuestra tolerancia al consumo de bienes y contenidos relacionadas con narrativas belicistas o de violencia: juguetes, ropa, comics, juegos, programas, literatura, filmes, videos, música, entre otros.

El poder de la retórica circunscrita a la lógica de la guerra ha reconfigurado nuestro contacto con la realidad, y particularmente ha reorganizado el ranking de prioridades de la sociedad, empujando a muchos sectores sociales a demandar la utilización de los recursos más potentes y represivos para responder al problema de la violencia. En este sentido nuestra respuesta ha sido mayoritariamente sumisa, poco reflexiva y ad hoc a los intereses del avance de la hegemonía militar y del status quo.

Dada la perspectiva actual del gobierno federal, desmontar la narrativa securitaria y belicista no se antoja en lo absoluto sencillo, ni tampoco próximo, pero debe plantearse como una meta central, si en verdad se pretenden implementar políticas públicas efectivas para la reconstrucción del tejido social. Si se ha decidido abordar la tarea de potenciar esta vertiente de capital social, se precisan diversas estrategias. En principio, la formulación e implementación de programas que atiendan a las víctimas que ha legado esta guerra, un intenso trabajo que tenga como objetivo promover procesos de reconciliación social y estrategias que ayuden a transitar de la subcultura de la violencia hacia una cultura de paz. Si la propuesta actual de seguridad es seria, no será factible si la naturalización de la narrativa de guerra y de violencia no se revierte. Sin duda, superar la idea de que si queremos la paz tenemos que preparar la guerra es un desafío mayúsculo.

Un aspecto que merece un lugar aparte, y que ocupa una centralidad en el moldeamiento del imaginario social, refiere al papel que han tenido el periodismo narrativo en la naturalización de la lógica y discurso de guerra que se ha instalado con fuerza y sin oposición contundente. En este punto, Rodríguez, Mastrogiovanni y Zavala (2017, 2018) señalan la precaria tarea de investigación que han tenido algunos medios periodísticos en el análisis de la violencia y en partícular del narcotráfico. Otro factor que acompaña la ausencia del rigor análitico en dichos casos ha sido la omisión de algunos medios para cuestionar el papel y la responsabilidad del Estado, no sólo en la crisis de violencia, sino en la crisis humanitaria que viven algunas comunidades de nuestro país en la última década. En este caso, las narrativas de la violencia han jugado un papel muy importante, facilitado la actuación premeditada del Estado, en favor de intereses corporativistas, que utilizan el problema de la inseguridad y la violencia para actuar con abuso, abritariedad y total impunidad, afectando a poblaciones y la vida de comunidades enteras.

En este sentido, se refuerza la necesidad de modificar la lógica de guerra y reconstruir la verdad con alternativas progresitas de periodismo, como lo propone el periodismo de paz, que parte de un enfoque que dota a los medios de comunicación de herramientas analíticas y prácticas para abordar el conflicto de manera constructiva y éticamente responsable y que se orienta al cambio social (Espinar y Hernández, 2012) que necesitamos empujar.

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