Que defender no nos cueste la vida

por Viridiana Ramirez

Por La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

El pasado 5 de junio fueron detenidos arbitrariamente Irineo Mujica y Cristóbal Sánchez, defensores de derechos humanos de personas migrantes, a quienes se les fabricó un delito el cual la Fiscalía no pudo sustentar pruebas en su contra. Los casos de Irineo y Cristóbal son un reflejo de la persecución y criminalización que padecemos las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en la actualidad.

Desde la toma de posesión del actual Gobierno la violencia contra personas defensoras y periodistas ha incrementado de forma alarmante. Los últimos asesinatos cometidos en contra de la periodista Norma Sarabia, en Tabasco, y el asesinato del defensor del medio ambiente José Luis álvarez, se suma a los al menos 11 personas defensoras de derechos humanos (1) y 10 periodistas asesinados (2), desde el primero de diciembre de 2018.

Esta cifra es cercana a los al menos 22 casos documentados de asesinatos a personas defensoras de derechos humanos y periodistas durante todo el año 2018, que supone un significativo aumento de la violencia (3). Preocupa especialmente que en la actual administración 8 de las personas defensoras asesinadas sean indígenas, y 5 comunicadores comunitarios, siendo asesinadas incluso 3 personas beneficiarias con medidas de protección del actual Mecanismo Federal.

La acuciante situación de violencia que viven las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, se ha visto agravada ante un ambiente hostil propiciado por autoridades de alto nivel, como por titulares de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Fiscalía General de la República (FGR), y por el propio Presidente de la República. Irineo y Cristóbal, pese a ser liberados por las autoridades judiciales correspondientes, están siendo fuertemente criminalizados y estigmatizados por la SEGOB y la FGR, en franca violación a sus derechos al acceso a la justicia y presunción de inocencia. Así mismo, medios de comunicación y periodistas críticos de las actuales políticas de gobierno han sido fuertemente desprestigiados y atacados por el titular del Ejecutivo (4).

Estas expresiones y ataques provenientes del Presidente López Obrador, las cuales nos enemistan con lo que él denomina “el pueblo”, sumadas a la aprobación de leyes restrictivas para el ejercicio de defensa y promoción de los derechos a la defensa de derechos humanos y libertad de expresión, como lo constituyen las leyes secundarias a la Guardia Nacional, están generando un ambiente muy peligroso para la defensa de derechos humanos en el país.

No solo la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza recién aprobada, que inhibe el derecho a manifestarse y asociarse pacíficamente, sino además el despliegue de la Guardia Nacional, compuesta y concebida bajo un paradigma castrense, no favorecen a un entorno seguro y propicio para la defensa de derechos humanos y la libertad de expresión.

Es claro que la actual administración no ha priorizado el diseño de una política pública integral de protección para defensores y periodistas, y que ha fallado en protegerles, aún siendo beneficiarios del Mecanismo Federal de Protección. Actualmente el Mecanismo ofrece protección a 888 (5) personas defensoras de derechos humanos y periodistas, no obstante, los recursos humanos, materiales y económicos, resultan insuficientes.

Además, persisten importantes retos respecto a la implementación efectiva de planes de protección, articulación con las entidades federativas, medidas con perspectiva de género y colectivas, y el fortalecimiento del paradigma de prevención por encima de la securitizacióndel derecho a defender los derechos humanos. Resulta fundamental proteger la vida e integridad de la persona defensora/periodista, pero también generar medidas que garanticen continuar con el ejercicio del derecho a defender derechos humanos y de libertad de expresión; hasta ahora, esto no ha sido posible.

Por otro lado, resulta altamente preocupante la impunidad en las agresiones y asesinatos en contra de personas defensoras y periodistas. De 1.069 investigaciones de delitos cometidos contra personas periodistas a diciembre de 2018 a cargo de la Fiscalía Especializada de Libertad de Expresión, solo en 10 casos se ha llegado a una sentencia condenatoria, lo cual equivale a que el 99.2% sigue impunes (6) , evidenciando que las instituciones responsables de la procuración y administración de justicia no funcionan adecuadamente para identificar y procesar a los responsables. Tal y como lo advirtió el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, el Sr. Michel Forst, en el marco de su visita a México en enero del 2017, mientras la impunidad siga siendo una constante generalizada, no se producirá ninguna mejora notable en la situación de los defensores de los derechos humanos.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresaron el pasado 30 de mayo en un comunicado conjunto, su profunda preocupación por el alarmante aumento de asesinatos a personas defensoras de derechos humanos en México durante los primeros meses del 2019, en comparación con años anteriores. (7)Esta preocupación fue recientemente compartida por un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU (8), quienes denunciaron la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos en el país, principalmente en el estado de Oaxaca y condenaron la falta de avances significativos en la investigación de las agresiones de las que son víctimas.

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