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¡Basta de simulación y #8AñosDeImpunidad!

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INFORME COMPLETO AQUÍ: https://poderlatam.org/wp-content/uploads/2022/08/CaminoHaciaLaVerdad_8AnosDeImpunidad_RS.pdf

  • Sin reparación integral tras impacto a derechos humanos de comunidades, cumple 7 años desastre ambiental minero.
  • Piden atención médica para miles de personas expuestas a metales pesados y acciones a Conagua para garantizar el acceso a agua suficiente y de calidad.

Representantes de las comunidades afectadas por el derrame de 40 millones de litros de una solución de sulfato de cobre acidulado sobre los ríos Sonora y Bacanuchi, provenientes de una mina de Grupo México en agosto de 2014, presentaron ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) una solicitud de medidas cautelares con el fin de proteger la salud de la población de 8 municipios, el pleno acceso a agua limpia, y la reubicación de los pozos contaminados, reconocidos por autoridades federales, con metales como arsénico y plomo.

Las medidas solicitadas por las y los habitantes organizados en los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) surgen tras #8añosDeImpunidad y de acciones de litigio emprendidas por las comunidades y ante la falta de reparación integral de los daños causados por el derrame, y el reconocimiento oficial, a finales del año pasado, de que pozos que abastecen de agua a miles de personas contienen metales en cantidades peligrosas para la salud. Estas medidas fueron tomadas también luego de que en mayo de este año la Profepa se comprometiera públicamente 2 a dar respuesta a una serie de cuestionamientos en relación al cierre del Fideicomiso Río Sonora, mediante el cual supuestamente se había dado por concluida la reparación de los daños ocasionados por la minera, y el impacto a derechos humanos como el agua, la salud y el medio ambiente sano.

El tiempo corre y la Profepa aún no resuelve la solicitud de medidas cautelares pese a que la población está expuesta al uso y consumo continuo de agua contaminada. Asimismo, el plazo para cumplir con el compromiso que hicieron el mes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, de tener un “diagnóstico ambiental” 3 del Río Sonora en “tres meses” concluye el 4 de octubre.

“Las medidas cautelares buscan salvaguardar la salud de la población de manera urgente, sobre todo frente al consumo constante de agua contaminada, en tanto no haya una solución definitiva al problema de fondo que es la reparación integral del daño, y de los compromisos que en su momento hicieron la empresa responsable y el gobierno mexicano y que no se entiende por qué no fueron cumplidos, por ejemplo, la construcción de 36 plantas potabilizadoras y una clínica de atención a la salud. No se puede postergar más este asunto. Urge una respuesta”, asegura Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), organización que acompaña el proceso de defensa y organización de los CCRS.

Entre las medidas solicitadas se encuentra la de canalizar a la población afectada, lo que podría ascender a miles de personas, a centros de salud adecuados para monitoreos, diagnósticos y detección de enfermedades derivadas de la exposición a metales pesados, la reubicación de los pozos contaminados con metales pesados, y un llamado urgente para que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y otras autoridades competentes restablezcan la calidad del agua del uso y consumo humano en los municipios afectados.

Durante estos siete años se ha evidenciado la desigualdad social, de género y la falta de oportunidades a la que nos enfrentamos principalmente las mujeres cuando el Estado nos niega una participación sustantiva en la toma de decisiones y en las políticas alrededor del agua. Somos principalmente nosotras quienes hemos cargado sobre nuestros hombros el peso de cientos de garrafones de agua, presuntamente purificada, y la negligencia de las autoridades y de la empresa responsable del desastre, del incumplimiento de los compromisos establecidos en el marco del fideicomiso para reparar el daño y de la falta de servicios de salud en los pueblos del río.

Las dobles y triples jornadas que recaen en miles de mujeres que vivimos a lo largo de la cuenca del Río Sonora se han recrudecido, ya que somos nosotras, también trabajadoras, amas de casa y estudiantes quienes absorbemos los trabajos de cuidados de nuestras familias y quienes administramos la economía y la poca agua que llega a nuestros hogares. Esta situación ha afectado también nuestras finanzas, desarrollo profesional y salud. Junto con nuestros compañeros, es momento también de defender nuestra libertad y derecho a incidir de forma sustantiva en el desarrollo de los planes de manejo y remediación que exigimos a las autoridades implementar en nuestras comunidades. Con estas medidas damos pasos hacia adelante para la equidad entre hombres y mujeres.