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Informe: ¿Amnistía o condena? El destino de las personas privadas de la libertad por delitos de drogas en Mexico.

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Se cumplieron dos años de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, aprobada en abril de 2020 en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19. Este instrumento jurídico fue impulsado con la finalidad de proporcionar a las personas privadas de la libertad por ciertos delitos, la restitución de sus derechos al reconocer un ejercicio desproporcionado del derecho penal en perjuicio de personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, exclusión, discriminación y otras interseccionalidades por las que están atravesadas. Es importante resaltar que, si bien la ley tiene un sentido de justicia social y se contempla dentro del proyecto de “pacificación” del país, su aprobación se aceleró para poder beneficiar a las personas privadas de la libertad que estuvieran en riesgo de contagiar- se de Covid-19. Sin embargo, ninguna persona se vio favorecida durante el primer año de la aprobación de la ley, aun en condiciones de emergencia.

En el informe Ley de Amnistía: Un año de simulación realizado por el Observatorio de Amnistías se advirtieron algunos obstáculos, omisiones y falta de operatividad de la ley que están relacionados con el alcance y las limitaciones que tiene desde su origen: sólo aplica para delitos del fuero federal y excluye aquellos que conllevan prisión preventiva oficiosa. También ha señalado la lentitud, falta de voluntad política y transparencia con que la Comisión de Amnistía y la Secretaría Técnica de la Secretaría de Gobernación desempeñaron sus funciones durante el primer año de su promulgación.

la ley particularmente en delitos menores de drogas. Nos enfocamos en conocer: cuántas solicitudes se presentaron, por qué modalidades, cuántas fueron admitidas, cuántas rechazadas, los motivos del rechazo y en general, cuál ha sido el proceso de análisis y dictaminación frente a estos delitos. Específicamente, nos hemos encontrado con un proceso que ha sido lento, opaco y parcial. Los primeros avances de la implementación de la ley se reflejaron hasta febrero de 2021, prácticamente un año después de su entrada en vigor, cuando la Secretaría Técnica de la Comisión reportó vía Plataforma Nacional de Transparencia haber recibido 1,115 solicitudes de amnistías1 , de las cuales 760 eran por delitos contra la salud, lo que representa el 68% del total de las solicitudes realizadas, de este porcentaje no se nos brindó información sobre las modalidades del delito ni en cuántas se determinaron su procedencia. Desde que la Comisión de Amnistía empezó a sesionar con la finalidad de discutir los casos y determinar su procedencia, ha sido notoria su falta de celeridad y transparencia para facilitar información desagregada para conocer el impacto y los alcances que tiene la ley. Además, del número de personas privadas de la libertad por delitos de drogas que han sido beneficiadas por la Ley de Amnistía.

En Elementa consideramos relevante que sea de conocimiento público las características de las personas solicitantes de amnistía: quiénes son, por qué modalidades están privadas de su libertad, qué tipo de sustancias y cantidades traían consigo y algunas otras características que permitan conocer a profundidad los efectos que ha tenido la política prohibicionista y el uso desmedido del sistema de justicia penal en la sociedad mexicana. El análisis de los elementos subjetivos que prevé la Ley de Amnistía da cuenta de cómo en el contexto de la llamada guerra contras las drogas, se ha materializado una práctica sistemática de persecución y criminalización de delitos de bajo impacto que involucran al microtráfico o venta de drogas, propiciando una serie de violencias y violaciones a derechos humanos a personas que están en condiciones de desigualdad y vulnerabilidad.

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