Alto a la criminalización de personas defensoras de derechos humanos

por El Día Después

El Gobierno de México debe abstenerse de estigmatizar la labor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

 

Llamamos al Gobierno Federal, así como a gobiernos estatales, a generar un entorno seguro y propicio para defender los derechos humanos y la labor periodística en México.

Urgimos al Titular del Gobierno Federal a que reconozca públicamente el papel fundamental que desempeñan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas y condene las violaciones de los derechos humanos cometidas en su contra, así como cualquier intento por desacreditarles.

Personas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil firmantes observamos con enorme preocupación las declaraciones del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, emitidas en la conferencia matutina del 28 de agosto de 2020, que deslegitiman y estigmatizan públicamente el trabajo que realizan personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

En dicho espacio, el Gobierno Federal presentó información de dominio público, apuntando que algunas organizaciones de la sociedad civil y un medio de comunicación recibieron fondos de fundaciones y organizaciones extranjeras “para oponerse a la construcción del Tren Maya”. A lo largo de la presentación de esta información, se calificó de “benefactores y opositores” a estas organizaciones, así como a sus fuentes de financiamiento.

Sin lugar a dudas, estos calificativos estigmatizan y criminalizan la labor de las organizaciones y el medio de comunicación señalado, al inferir que por recibir recursos de agencias internacionales, sus luchas y su labor de defensa de derechos humanos, así como su ejercicio de libertad de expresión, son ilegítimas.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), entre otras, están siendo objeto de difamación y hostigamiento, por acompañar a personas defensoras de tierra y territorio ante las acciones de implementación del megaproyecto “Tren Maya” en el sureste del país, que viola sus derechos sociales, económicos, culturales y ambientales y de los pueblos y comunidades indígenas.

El medio Animal Político también fue señalado en el listado de organizaciones que recibieron fondos de “benefactores y opositores”, buscando generar un nexo causal entre el corte crítico del medio y los recursos que recibe. Calificar a dichas organizaciones y al medio como “opositores”, cuestionando la legitimidad de su labor por denunciar violaciones a los derechos humanos, es un acto que criminaliza y desacredita la labor de defensa de derechos humanos y la libertad de expresión.

Recordamos al Gobierno Federal que, tal como lo ha establecido la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las personas servidoras públicas están sujetas a un mayor umbral de tolerancia al escrutinio y a la crítica dado el carácter de interés público de las actividades que realizan. En este tenor, el Ejecutivo Federal debe abstenerse a emitir declaraciones que deslegitimen y pongan en riesgo los derechos a defender derechos humanos y a la libertad de expresión.

Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la administración federal en diciembre de 2018, al menos 14 periodistas y 26 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas. Además, la organización internacional Global Witness colocó a México este año como el cuarto país más peligroso en el mundo para las personas defensoras del medio ambiente.

Bajo este contexto, enfatizamos que las declaraciones emitidas por el Ejecutivo Federal, no protegen, respetan, ni garantizan los derechos a defender derechos humanos y a la libertad de expresión, derechos consagrados en instrumentos y tratados internacionales de los que México es parte. De igual forma, la narrativa que deslegitima la labor de defensa de derechos humanos y el ejercicio periodístico, proveniente del más alto nivel, genera un efecto multiplicador que permite y legitima la actuación de otros actores estatales y no estatales, en perjuicio de las personas defensoras y periodistas, debilitando aún más el Estado de Derecho en nuestro país.

  • Por lo anterior, las personas, colectivas y organizaciones firmantes solicitamos al Gobierno Federal y gobiernos locales:

Cesar discursos y acciones que estigmatizan y criminalizan la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, realizando una disculpa pública y rectificando las declaraciones estigmatizantes efectuadas en la conferencia de prensa del viernes 28 de agosto.
Generar espacios adecuados de diálogo abierto con las organizaciones de derechos humanos quienes defienden los derechos de los pueblos y comunidades afectadas por la violación a sus derechos humanos por la implementación de megaproyectos.
Posibilitar una discusión pública sobre temas de interés social y adoptar un discurso a favor del pluralismo y crítica, en los medios de comunicación. Estas acciones, favorecen la libertad de expresión y contribuyen a prevenir cualquier tipo de violencia contra quienes ejercen el periodismo.

 

DA CLICK AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN 

Otras publicaciones

Ver todas las actividades