Alto a la criminalización y hostigamiento en contra de el Centro Morelos

por El Día Después

El 31 de agosto de 2020, mediante una conferencia de prensa el presidente municipal de Leonardo Bravo, Ismael Cástulo, informó públicamente que lanzaría un veto para evitar la entrada de Manuel Olivares y otros integrantes del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” (Centro Morelos) en la comunidad de Chichihualco, en donde esta organización acompaña desde hace más de año y medio a familias desplazadas por la violencia y la presencia del crimen organizado y han abordado esta problemática en la entidad desde el año 2011.

En el mismo espacio, el alcalde infirió una serie de comentarios criminalizantes contra el trabajo de esta organización y señalamientos directos contra otros integrantes como la defensora Teodomira Rosales Sierra. En estos, hacía referencia a que el Centro Morelos está lucrando con las familias desplazadas y les responsabiliza de que las familias no hayan podido retornar a sus comunidades.

Al respecto, las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación sobre que este tipo de declaraciones públicas provengan de servidores públicos quienes partiendo de un discurso de odio y desprestigio, a través de los medios públicos y/o oficiales, pretenden desacreditar el trabajo de las organizaciones y personas que defienden derechos humanos, acompañan víctimas y ejercen acciones de carácter humanitario.

Reiteramos que este tipo de declaraciones han derivado en la materialización de acciones violentas que afectan la labor de defensa, comprometen la vida e integridad personal de los integrantes del Centro Morelos. Situación que provocó que en medio de la contingencia sanitaria por COVID-19, salieran de la entidad ante amenazas del crimen organizado por el acompañamiento que hacen a las comunidades de Chichihualco y porque las autoridades locales no pudieron brindarles las garantías adecuadas de ejercer su labor con seguridad, por lo que se incorporaron al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, adscrito a la Secretaría de Gobernación.

Reconocemos el trabajo que desde hace 23 años ha desempeñado el Centro Morelos en las zonas más peligrosas de la entidad y exigimos el cese inmediato a la política de criminalización ejercida por parte de representantes de las autoridades en el Estado de Guerrero. Es necesario que en México el derecho a defender los derechos humanos sea garantizado, protegido y promovido por todas las autoridades en todos los niveles.

Por todo lo anterior, exigimos al Estado mexicano:

  1. Cese de forma inmediata todos los actos de criminalización, intimidación, hostigamiento, descalificación, agresión por parte de las autoridades locales en Guerrero. Así como también se abstengan de imponer restricciones y limitaciones arbitrarias al derecho a transitar libremente, asociarse y reunirse libremente.
  2. Implemente los mecanismos necesarios para proveer y garantizar ambientes propicios y seguros para quienes defienden derechos humanos en Guerrero.
  3. Se tomen todas las medidas necesarias para asegurar que funcionarios y funcionarias del Estado, otras figuras públicas, se abstengan de hacer declaraciones que estigmatizan el trabajo legítimo de los defensores de derechos humanos en México.
  4. Se investiguen y sancionen a los responsables de cometer agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en México, sean actores estatales o para estatales.
  5. Aplique de forma efectiva la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos; conocida como la Declaración de Defensores, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998.

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