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Informe: Acaparamiento de lo público y mercantilización de lo común

por El Día Después

Presentamos el informe especial “Acaparamiento de lo público y mercantilización de lo común”, elaborado por nuestros equipos de estudios legales y estudios socio territoriales, en el marco de la investigación conjunta entre PODER, LABIP y Bajo Tierra Museo Del Agua sobre el acaparamiento del #agua en la ciudad de Querétaro.

El derecho humano al agua y el saneamiento se encuentra reconocido en el artículo 4o de la constitución mexicana y en diversos instrumentos internacionales, sin embargo, el orden jurídico queretano se ha direccionado en contrasentido. Dos situaciones ilustran este argumento. Por un lado, la omisión del Poder Legislativo local para regular dicha prerrogativa y, por otro lado, el mantenimiento deliberado del statu quo en el sector hídrico desde una perspectiva economicista.

Acaparamiento de lo público y mercantilización de lo común. Manejo del agua potable en la ciudad de Querétaro registra con detalle cómo se ha concertado la mercantilización del agua, favorecida por la operación de actores empresariales con el aval explícito del Estado.

En tal sentido, se documenta el dilema de la privatización del agua que, contrario a la narrativa de la eficiencia, evidencia un mecanismo que profundiza la desigualdad.
El esquema de privatización se ha materializado de forma acelerada durante los últimos años en Querétaro. Esto se suma a que es la única entidad federativa del país que no tiene una Ley Estatal de Aguas, cuestión que o implica un limbo jurídico esgrimido como justificación para usar el Código Urbano con el fin de concesionar los servicios públicos de agua y saneamiento. Se trata de un régimen normativo sui generis, que se traduce en el tránsito de las aguas como bienes naturales que deben atender el bienestar general de la población –de acuerdo con el artículo 27 constitucional– a un recurso sujeto a la fórmula de oferta y demanda.
En efecto, se muestra la persistencia de un entramado jurídico-institucional intencionalmente indeterminado que se reproduce en sus vacíos legales, de modo que éstos pueden ser colmados y aprovechados en ámbitos como el de la inversión privada. Ese contexto ha derivado en el acaparamiento progresivo de agua, articulado por una red corporativa de empresas inmobiliarias y operadoras de agua creadas ex profeso. Esta evidencia recuerda el aforismo del modelo chileno de derechos de agua: “se confía en el mercado como mecanismo de asignación final”.
Bajo el paradigma de la privatización que pone de relieve esta investigación, los operadores asumen funciones constitucionales que corresponden a la esfera municipal y, de forma simultánea, rehúsan la auditoría social. Por lo tanto, se trata de la cesión de una actividad pública a agentes privados, mediante un modus operandi que involucra la urbanización de un espacio, la creación de organismos vinculados a los fraccionadores y la concesión exclusiva en sectores con plusvalía urbanística que garantiza tasas altas de rendimiento. Un documento para profundizar en los riesgos de la concesión privada, en contextos caracterizados por la alegalidad, la discrecionalidad y la opacidad.

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