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Informe sobre las personas y comunidades defensoras de DDHH ambientales en México

Por: CEMDA

Informe completo aquí: CEMDA_INFORME2021_MAQUETACIÓN_TIRA_290322

Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2021.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) presenta su noveno informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras del medio ambiente, tierra y territorio en México, frente a la violencia ejercida en su contra en razón de su labor.

El 2021 fue un año importante para la defensa del medio ambiente al entrar en vigor el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, el 22 de abril, día internacional de la Madre Tierra. Este instrumento internacional ca- talogado como “pionero”1, por ser el primero en su tipo en contener disposiciones específicas para la protección de las personas defensoras ambien- tales, representó una oportunidad para combatir la dinámica actual que ha hecho de la defensa ambiental, una actividad de riesgo.

Asimismo, fue el segundo año en que las personas, pueblos, colectivos y comunidades continuaron enfrentando la pandemia de COVID-19 causada por el virus SARS-Cov-2, lo cual tuvo impactos en las dinámicas organizativas internas, los vínculos con organizaciones, la articulación entre movi- mientos y, lamentablemente, la pérdida de la vida de personas defensoras.

Durante la Conferencia de las Partes (COP) 26 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), realizada en Glasgow, Escocia, la joven y valiente activista indígena, Txai Suruí, reafirmó lo que las personas y comunidades defensoras del medio ambiente, tierra y territorio han estado diciéndonos una y otra vez: el cuidado del planeta y de los pueblos no puede esperar más. “No es 2030 ni 2050, es ahora. Los pueblos indígenas están en la primera línea de la emer- gencia climática y debemos estar en el centro de las decisiones que se tomen…”2, señaló Suruí; y es que, como se muestra en este informe y en los anteriores, los llamados proyectos de desarrollo, ya sean mega o de escalas menores, y sus efectos, como son la violación de derechos humanos, son parte de un sistema que genera violencia estructural, de un andamiaje jurídico que legitima la violencia para explotar a personas, pueblos y la naturaleza.

En 2021 contemplamos con preocupación la multipli- cación de los proyectos de desarrollo y la erosión de las condiciones bajo las cuales las personas y comunida- des defensoras del medio ambiente, tierra y territorio realizan su labor. Vimos cómo el gobierno de México no cejó en impulsar sus proyectos insignia sin escuchar razones, echando mano de estrategias viejas e ilícitas, como la criminalización y la estigmatización. Se han presenciado también nuevas formas, como lo fue la expedición, en noviembre pasado, del Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional,3 y con el cual, por una parte, se negaron de iure los derechos de los pueblos indígenas y comunidades equiparables al territorio y a la autonomía, y por otra, se dejó sin razón de ser y sin su efecto útil a una serie muy importante de insti- tuciones construidas para garantizar los derechos de información y participación, como es la Evaluación de Impacto Ambiental.

El año 2021 fue paradójico, la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú apuntaba a que podría haber sido un año emblemático en el avance progresivo de la protección de los derechos de las personas y comunidades defensoras del medio ambiente, tierra y territorio. Tristemente, terminó siendo un año de muchas sombras, bastantes de ellas creadas por el principal responsable de combatirlas: el Estado mexicano. Este nuevo contexto obliga a preguntar a las autoridades mexicanas ¿cuáles serán las medidas

que adoptarán en el 2022 para garantizar el derecho de las personas defensoras a un entorno seguro y propicio para la realización de su labor?

La situación de las personas defensoras ambientales, de la tierra y el territorio en nuestro país no escapa a la observación internacional debido a su gravedad, misma que fue evidenciada por la organización Global Witness. En 2020 dicha organización ubicó a México como el segundo país con mayor número total de personas defensoras ambientales asesinadas en el mundo4. Por su parte, la Comisión Interame- ricana de Derechos Humanos (CIDH), a través de sus relatorías, ha manifestado su preocupación sobre el tema e incluso ofreció asistencia técnica al Estado mexicano para combatir esta situación, sin que hasta el momento haya alguna respuesta gubernamental al respecto5.

Frente a este contexto, el presente informe pretende, al igual que los anteriores, visibilizar la situación de violencia estructural que enfrentan las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales, de la tierra y del territorio en México, a través del monitoreo, registro y análisis de las agresiones perpetradas en su contra en razón de su labor. Con ello se pone a la vista información de las cifras generales de dichas agresiones, las cuales lamentablemente no son alentadoras.

El trabajo de investigación muestra un apartado especial sobre las agresiones letales a personas defen- soras y se incluye una breve aproximación a la labor de defensa que realizaban las personas defensoras agredidas. En seguida, se analiza la distribución de las agresiones por entidad federativa, a quién fueron dirigidas, es decir, personas indígenas, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, defensoras mujeres o personas con determinada actividad.