Por: Oceana y Animal Político.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a cuidar a las personas más vulnerables. En el sector pesquero, estas personas son las que se encuentran en mayor riesgo de perder su sustento si no se reduce la pesca ilegal. No habrá programa social que baste para sustituir el ingreso de quienes se dedican a la pesca.
Llevamos casi un año lidiando con sanciones del gobierno de Estados Unidos al producto del mar mexicano. Esta ronda de sanciones comenzó en abril de 2021 cuando inspectores de Estados Unidos encontraron embarcaciones camaroneras mexicanas que no utilizaban dispositivos para evitar que las tortugas quedaran atrapadas en sus redes. Esto llevó a que el camarón mexicano perdiera la certificación para venderse en el vecino país del norte, puso en riesgo a la actividad económica más importante para el sector pesquero y estuvo a nada de significar la pérdida de miles de empleos en México.
Tomó más de seis meses darle la vuelta a estas sanciones y se necesitó de la intervención del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos; la secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, y el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma.
Menos de cuatro meses después de recuperada la certificación, México enfrenta una prohibición sobre las embarcaciones del Golfo de México para entrar a puertos de nuestro principal socio comercial. Esta sanción nos fue impuesta porque México ha sido incapaz de reducir las entradas ilegales de embarcaciones que pescan en aguas de Estados Unidos.
Las sanciones de Estados Unidos sobre el sector pesquero mexicano no son nuevas. Habrá quienes recuerden el embargo que Estados Unidos puso al atún mexicano. Estamos hablando de una guerra comercial que se remonta a la década de los ochenta y que hoy en día seguimos sin resolver. Por más de 40 años el atún mexicano no ha podido entrar al mercado más importante del mundo y hubo un momento en el que casi perdemos la industria más grande de este sector.
México está catalogado como un país que no combate la pesca ilegal. Somos uno de los países que no ha firmado el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector de los Puertos (AMERP). Este es el primer tratado internacional vinculante para que las naciones combatan la pesca ilegal que día con día aniquila especies protegidas y le roba la pesca a pescadores legales.
Que México no haya firmado este Acuerdo, cuando nuestros socios comerciales ya lo han hecho, envía un mensaje claro al mundo: no tenemos interés en combatir la pesca ilegal. Evadimos el compromiso de proteger nuestros recursos y la actividad de quienes se dedican a la pesca y al mismo tiempo perdemos la oportunidad de continuar exportando a mercados de los que miles de familias de pescadores y pescadoras dependen.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a cuidar a las personas más vulnerables. En el sector pesquero, estas personas son las que se encuentran en mayor riesgo de perder su sustento si no se reduce la pesca ilegal. No habrá programa social que baste para sustituir el ingreso de quienes se dedican a la pesca.
Para evitar las sanciones actuales y futuras que se ciernen sobre México y combatir la actividad que más daña al océano y a los pescadores, México necesita tomar estas acciones: la firma del Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto (AMERP), la aprobación de la Norma de Trazabilidad de pescados y mariscos que está en manos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), el monitoreo satelital de embarcaciones pesqueras en zonas “calientes” como el Alto Golfo y el norte de Tamaulipas, y el fortalecimiento de las actividades de inspección y vigilancia en el mar que actualmente se encuentran abandonadas por el gobierno federal.
Combatir la pesca ilegal significa garantizar el sustento de más de trescientos mil pescadores y sus familias. Los instrumentos y las propuestas de política pública están en la mesa del gobierno federal, sólo requieren la voluntad política de firmarlos y aprobarlos.