Ante el inminente cierre de la actual administración, hacemos un llamado urgente para asegurar la continuidad de los avances logrados en años de lucha incansable de las familias en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas en México.
Frente a cambios significativos en instituciones clave para la búsqueda, instamos a una transición clara y responsable que no comprometa los logros institucionales realizados hasta la fecha.
Demandamos acciones claras y compromisos firmes que garanticen la protección y el fortalecimiento de los procesos establecidos para la localización e identificación humana.
La desaparición de personas en México es una herida abierta que atraviesa décadas, afectando a innumerables familias. Algunas de nosotras llevamos más de cincuenta años en esta búsqueda, uniendo nuestras voces y esfuerzos en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM). La actual administración comenzó con el reconocimiento de más de 35,000 personas desaparecidas, cifra que hoy supera las 114,000, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
En este contexto crítico, observamos con preocupación las señales de profundos cambios institucionales que se están gestando al cierre de esta administración. Entre ellos, la reconfiguración de la Comisión Nacional de Búsqueda y la incertidumbre sobre el futuro del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) y el Mecanismo de Identificación Forense (MEIF). La falta de claridad sobre estos cambios nos preocupa profundamente, especialmente considerando los retos ya existentes en la identificación de más de 52,000 personas y los 38,000 fragmentos óseos aun sin identificar.
Además, la seguridad y protección de quienes buscamos a nuestros familiares continúa siendo una asignatura pendiente, con más de diez buscadoras asesinadas durante esta administración sin que se haya alcanzado verdad y justicia en sus casos. La urgencia de fortalecer el Mecanismo de Protección, garantizar la seguridad y la continuidad de su labor a las personas buscadoras, periodistas y defensoras es más palpable que nunca.
Ante el término de este sexenio reiteramos la necesidad de compromisos claros y firmes de la actual administración federal que aseguren:
Un registro confiable: Este debe reflejar de manera transparente y precisa la magnitud de las desapariciones en México, contando con la participación activa de las familias, y asegurando que las cifras sean coherentes, fiables y unificadas.
Búsqueda efectiva: Es esencial que haya transparencia en la operación de las instituciones encargadas de la búsqueda, con la implementación de planes de búsqueda bien definidos que fomenten la cooperación entre distintas instituciones para avanzar en las localizaciones. Es muy importante contar con información sobre los nuevos esquemas de búsqueda a nivel regional.
Atención urgente a la crisis forense: El inminente cierre del MEIF, debido a la falta de apoyo institucional prometido inicialmente, devuelve la responsabilidad nuevamente a los servicios forenses de las fiscalías, los cuales aún necesitan fortalecimiento en términos estructurales, humanos y técnicos. Subrayamos la necesidad de un plan robusto que fortalezca las capacidades forenses del país en el que se reconstruya la confianza con los servicios de identificación ordinarios para asegurar identificaciones y restituciones certeras, dignas, evitando revictimizar a las familias.
Acceso a la justicia y combate a la impunidad: Debe asegurarse un progreso tangible en la investigación y procesamiento de los casos, incluyendo aquellos bajo la categoría de desaparición forzada, para fortalecer los mecanismos de verdad y justicia.
Protección para buscadoras y buscadores: El Estado debe asumir la responsabilidad de proteger a quienes, a través de diversas estrategias, contribuyen significativamente a la búsqueda e investigación de las desapariciones, a menudo arriesgando sus propias vidas.
Implementación de recomendaciones internacionales: Es crucial, antes de finalizar el sexenio, concretar un plan nacional para atender las recomendaciones del CED, incluyendo una ruta de trabajo específica con fechas y objetivos claros que asegure la participación de las familias.
Instamos al gobierno mexicano, que se encuentra en la recta final de su mandato, a proporcionar claridad y certeza a las familias sobre las políticas públicas y la estructura institucional en torno a la búsqueda de personas desaparecidas. Demandamos un compromiso firme del Estado para fortalecer y acercarnos a superar la crisis de derechos humanos que enfrentamos. Es imperativo que las autoridades reconozcan la necesidad de mantener y ampliar los esfuerzos en la localización e identificación de nuestras personas desaparecidas. Además, exigimos al gobierno actual reforzar la colaboración con las familias, evitando que nos enteremos de cambios significativos a través de los medios de comunicación.
Los colectivos de familiares en búsqueda, unidos en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), nos mantenemos firmes y unidos en nuestra lucha por la verdad, justicia y la no regresividad en los derechos y avances logrados. Es fundamental que se escuchen nuestras voces y se tomen en cuenta en la elaboración de políticas y estrategias que la próxima administración deberá adoptar y fortalecer.
¡Sin las familias no!
Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM)
Conformado por más de 86 colectivos de 25 estados de la República Mexicana y de 3 países de Centroamérica