De cara al futuro y en el marco del Día Internacional de la Paz, instamos a incluir en el Informe Mundial sobre Drogas un apartado que explore más a fondo la conexión entre los desafíos de las políticas de drogas y los derechos humanos.
Recabar datos sobre drogas en un país como México no es una tarea sencilla. Entre el régimen prohibicionista, los estigmas sociales, las campañas discriminatorias, así como las políticas de austeridad –mismas que ocasionaron la cancelación de un indicador fundamental como la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco–, las cifras oficiales disponibles suelen ser opacas, contradictorias e insuficientes.
Desde 2016, último año en que se aplicó dicha encuesta, no se han recopilado datos de forma representativa sobre el consumo de sustancias ni la prevalencia en México. Esto significa que no están actualizados los datos a nivel nacional, y tampoco se han podido compartir datos nuevos con organismos internacionales o multilaterales.
Recientemente se publicó el Informe Mundial sobre Drogas 2023, elaborado por la Oficina de Drogas y Delito de Naciones Unidas (UNODC), que ofrece una perspectiva amplia del panorama respecto a las sustancias y sus políticas a nivel global.
El Informe muestra que el uso de drogas a nivel global sigue siendo una constante. Durante 2021, 1 de cada 17 personas entre 15 y 64 años reportó haber consumido alguna sustancia ilegal en los últimos 12 meses. Asimismo, la cantidad estimada de personas usuarias aumentó de 240 millones en 2011 a 296 millones en 2021. Esto refleja un aumento del 23 % respecto a los últimos años, debido en parte al crecimiento sociodemográfico a nivel mundial.
Por otro lado, se tiene registro de que la cannabis sigue siendo la sustancia ilegal más utilizada, con aproximadamente 219 millones de personas usuarias (4.3% de la población adulta mundial) durante 2021. Aunado a esa cifra, y a pesar de que a nivel mundial las personas que usan cannabis se identifican en su mayoría como hombres (alrededor del 70 %), la brecha de género se está reduciendo cada vez más en algunas subregiones. Un ejemplo de esto es América del Norte, donde las mujeres representan el 42 % de la población usuaria.
Sobre otras sustancias, se calcula que durante ese mismo año 36 millones de personas habían consumido anfetaminas, 22 millones cocaína, y 20 millones sustancias empatógenas como el MDMA.
En adición, hace unas semanas la red internacional de jóvenes Youth RISE publicó una respuesta al informe donde, si bien se destacan los avances respecto a años anteriores, también se enuncian las evidentes áreas de oportunidad. A modo de ejemplo: pese a que el informe sensibiliza sobre cómo el miedo a la estigmatización y a la discriminación por parte de los proveedores de servicios de salud impide que los jóvenes que usan drogas busquen atención médica, el documento no profundizó en estas dificultades y, de forma más general, omitió las barreras que obstaculizan los servicios de reducción de riesgos y daños.
Otro ejemplo es la importancia de tener en cuenta las particularidades de las regiones al momento de evaluar los efectos de la regulación en la prevalencia del consumo de cannabis entre las personas jóvenes. Suele dejarse de lado en los informes de la UNODC que un mayor índice de consumo declarado, especialmente tras cambios positivos en la legislación, no indica necesariamente que la prevalencia real haya aumentado.
Pese a los errores conceptuales que se cometen en el informe (ej. hablar de los “peligros de las drogas” en lugar de los peligros de la prohibición), desde hace años constituye un documento fundamental que arroja luz sobre los patrones de consumo a nivel mundial. Desde Instituto RIA, coincidimos con Youth RISE en que es aplaudible que este año se haya visibilizado con mayor puntualidad que los retos de las políticas de drogas están estrechamente vinculados a otros ámbitos, como el de la seguridad pública, la salud, el desarrollo y el medio ambiente. Sin embargo, de cara al futuro y en el marco del Día Internacional de la Paz, instamos a incluir un apartado que explore más a fondo la conexión entre los desafíos de las políticas de drogas y los derechos humanos. Se necesitan respuestas integrales frente a contextos profundamente desafiantes.