México sigue sin proteger a las personas defensoras del ambiente y el territorio

Las agresiones en contra de las personas defensoras del ambiente y del territorio no ceden en México. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que comenzó en diciembre de 2018, no trajo consigo un panorama más favorable para quienes defienden los bienes naturales. Al menos 102 ambientalistas y defensores del territorio han sufrido agresiones letales desde 2019. Tan solo en 2023, 20 personas defensoras fueron asesinadas.

Esos números se desprenden del más reciente informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales que cada año elabora el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). En el documento se destaca que en el 2023, seis de cada diez personas defensoras de ambiente y territorio que sufrieron una agresión son indígenas.

A partir de los datos analizados desde 2014, el Cemda colocó al 2023 como el segundo año más violento para los activistas ambientales, con 123 eventos de agresión, detrás de 2022, cuando se registraron 197.

En el informe, el Cemda también destaca que durante el 2023 se documentó que, al menos, 19 personas defensoras de los derechos humanos ambientales fueron víctimas de desaparición.

En octubre de 2023, Mongabay Latam publicó una investigación en donde se muestra cómo en México la violencia de la desaparición es utilizada en contra de personas defensoras de ambiente y territorio. De acuerdo con la documentación realizada en ese entonces, en el país, al menos 93 personas defensoras del ambiente y el territorio fueron víctimas de desaparición desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 1 de agosto de 2023.

El gerente de Derechos Humanos del Cemda, Felipe Romero Bartolo, destaca en entrevista con Mongabay Latam que desde hace siete años se ha mantenido el nivel de agresiones contra activistas ambientales en México. “A partir de 2017, los datos de agresiones letales se incrementaron y de ahí no han bajado […] Eso es sumamente grave”.

El mapa de la violencia contra defensores

En 2023, Michoacán fue el estado que registró el mayor número de agresiones letales en contra de personas defensoras de ambiente y territorio, con siete asesinatos. Le siguieron Guerrero, con seis; Oaxaca y el Estado de México, con dos cada uno, y los estados de Hidalgo, Sonora y Jalisco, con un asesinato.

Jalisco fue el estado que registró más eventos de agresión, seguido por Oaxaca, Ciudad de México, Chiapas, Yucatán, Guerrero y Quintana Roo.

Si se consideran los tres últimos años, Oaxaca ha sido el estado más constante en número de agresiones, por lo que es una de las entidades más peligrosas para ejercer la labor de defensa ambiental, de la tierra y el territorio.

Chiapas es otro de los estados más peligrosos en el país, pues en los tres últimos años se ha colocado entre los cinco con más eventos de agresión. El informe destaca que Jalisco y Ciudad de México llaman la atención porque “en los últimos dos años se han ubicado entre los cinco estados con más agresiones a las personas defensoras del medio ambiente”.

El informe resalta que las comunidades indígenas son las más afectadas: En 2023, el 57.7 % de los casos de agresión fueron en contra de personas pertenecientes a pueblos originarios. Los que más agresiones recibieron son los nahuas ( 20 eventos de agresión), los mayas de la Península de Yucatán ( siete casos en el contexto del Tren Maya), las comunidades tzeltales de Chiapas (cinco casos), los o’dam u odami (tepehuanos del norte), de Chihuahua (cinco casos) y el pueblo mixe, de Guerrero (cuatro casos).

Detonadores de agresiones: minería y obras emblemáticas

Las agresiones más comunes registradas por el informe son amenazas, intimidación, agresiones físicas, criminalización, hostigamiento y homicidio.

En 2023, al menos 30 eventos de agresión fueron por asuntos ligados a las explotaciones mineras; 12 ocurrieron en el contexto de la construcción del Tren Maya y seis están ligadas al proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), ambas son obras emblemáticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Además, se registraron 13 eventos de agresión relacionados con temas forestales.

De las 20 personas defensoras de ambiente y territorio asesinadas en 2013, seis de ellas impugnaban negocios mineros y ocho denunciaron despojo de fuentes de agua a favor de negocios empresariales o centros urbanos. Además, dos homicidios fueron de personas que trabajaban o denunciaron temas de biodiversidad.

El análisis de las agresiones muestra que 110 eventos están relacionados con temas de defensa del territorio, 39 con temas de agua y 33 con asuntos relacionados con flora.

En cuanto a los agentes agresores, el informe precisa un dato alarmante: de los 123 eventos registrados en 2023, los principales acosadores fueron agentes gubernamentales, con alguna participación en 61 casos. Le sigue la delincuencia organizada, con 37 casos y, en tercer lugar, la empresa privada con 19 asuntos. En 22 casos no se pudo identificar al agente agresor.

Respecto a los eventos en donde agentes del gobierno aparecen como agresores, 23 casos se atribuyen a la policía (nueve municipales y 14 estatales), 19 a gobiernos estatales, 17 al gobierno federal, 16 a las fiscalías estatales, 13 a gobiernos municipales, nueve a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuatro a la Secretaría de Marina (Semar), dos a la Guardia Nacional y en siete a otras autoridades.

El informe también ofrece detalles sobre las víctimas: de 123 eventos de agresión, 79 fueron contra integrantes de comunidades (64.22 %); 16 contra miembros de organizaciones de la sociedad civil (13 %); diez afectaron a ejidatarios (8.13 %) y siete a comuneros (5.7 %). El resto fueron en contra de académicos (4.06 %), estudiantes (4.06 %), abogados (2.43 %), periodistas (1.62 %) y defensores independientes (1.62 %).

De acuerdo con la metodología con la que se realizó el informe se determinó que los 123 eventos de agresión afectaron a un total de 1 317 personas. De ellas, 416 se identificaron como defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio. Además, 344 eran infantes y adolescentes. Para los autores del informe, estos datos revelan una preocupante “democratización” de la violencia a todo el ámbito familiar de los defensores y sus comunidades.

Con estas cifras, México se mantiene entre los tres países más peligrosos del mundo para los activistas ambientales, junto con Brasil y Colombia.

La violencia en el corredor minero del Pacífico

En el informe se destacan las agresiones y asesinatos de las personas y comunidades defensoras que habitan en la región conocida como el “corredor del hierro” y que se localiza en la línea del litoral del Pacífico centro de México, entre Jalisco, al norte, y Michoacán, al sur. Más del 30 % del metal que se produce en el país se extrae ahí. También es una de las amplias “zonas de silencio”, en donde la ley de los cárteles se ha impuesto.

En esa zona desde hace seis décadas se explota el hierro, tanto del lado michoacano como en el de Jalisco. En la región destacan las minas de Los Encinos, en Aquila, Michoacán, y Peña Colorada, en Cuautitlán, Jalisco. Estos complejos mineros nacieron entre polémicas y acusaciones de despojo, primero como paraestatales, luego como empresas privadas que desde hace dos decenios pertenecen a capitales transnacionales.

En esa región minera, durante 2023 se presentaron diversos eventos de agresión, entre ellos desapariciones y asesinatos en contra de personas defensoras del ambiente y el territorio.

En Jalisco, por ejemplo, se registró la desaparición y asesinato de Higinio Cruz, uno de los descendientes de la etnia nahua que habitan las montañas de la Sierra de Manantlán, en donde funciona la mina Peña Colorada.

Higinio Cruz era un defensor ambiental que se oponía a la expansión minera en la Sierra de Manantlán, Jalisco. Fue citado a la presidencia municipal de Cuautitlán; a partir de ahí sucede su desaparición y después es encontrado muerto. Su caso “ejemplifica cómo está la situación de violencia en México”, sostiene el gerente de derechos humanos del Cemda, Felipe Romero Bartolo.

En la Sierra de Manantlán, “las comunidades están aisladas, incluso abandonadas […] Se ha impuesto una zona de silencio que, en los hechos, es una zona de sacrificio, con el pacto de impunidad que hay entre el crimen organizado, los poderes económicos y el Estado mexicano”, afirmó el representante de la organización defensora de derechos humanos Tsikini, con sede en Guadalajara, Jalisco, Eduardo Mosqueda Sánchez, durante la presentación del informe.

Mosqueda señaló que las bandas criminales no solo venden la protección y la “gestión” de los conflictos con las comunidades indígenas, sino que se han sumado al negocio empresarial. Tan solo en el lado de Jalisco estarían documentadas once explotaciones clandestinas.

Michoacán reporta el mayor número de asesinatos de activistas ambientales en el país durante 2023: Isaúl Nemesio, Miguel Estrada, Rolando Magno, Eustacio Alcalá, Juan Medina, Lorenzo Froylán y Alfredo Cisneros.

“En la zona de Michoacán están las zonas de Ostula y Aquila, en donde hay grandes intereses por temas forestales y por temas mineros, y es donde están sucediendo muchísimas de las agresiones”, destaca Romero Bartolo. “Es donde justamente convergen proyectos mineros, proyectos forestales o intereses en zonas forestales donde hay delincuencia organizada y donde parece que también hay un completo abandono del Estado”.

En enero de 2023, por ejemplo, miembros del crimen organizado asesinaron a Isaúl Nemesio, Miguel Estrada y Rolando Magno, tres miembros de la Guardia Comunal de Ostula, en el municipio de Aquila, en Michoacán. “Los defensores fueron asesinados cuando realizaban funciones de vigilancia y protección del territorio comunal. La comunidad de Ostula localizada en la costa michoacana ha llevado un proceso de defensa de su territorio ante el asedio y las intenciones de ampliar un proyecto minero”, reseña el informe.

Alfredo Cisneros habitaba en el municipio de Los Reyes, en los límites de Michoacán con Jalisco. Fue asesinado el 21 de febrero cuando llegaba a su casa en Zicuicho, donde tenía el cargo de presidente de bienes comunales. Él denunció la tala ilegal y el cambio de uso de suelo a favor del monocultivo del aguacate.

Eustacio Alcalá fue privado de su libertad el 1 de abril de 2023, y fue encontrado muerto el 4 de abril. Tenía 66 años y era defensor comunitario en Huizontla, núcleo indígena que logró frenar una explotación minera.

Diez días después. Juan Medina fue víctima de un ataque armado en su negocio de comida en Chinicuila, Michoacán. Este comunero participó en la defensa del núcleo agrario que se alió a la comunidad vecina de Ostula.

Lorenzo Froylán, de apenas 28 años, era guardia comunal de Santa María Ostula, fue secuestrado en Coalcomán y su cadáver con huellas de tortura fue dejado en una carretera de Aquila el 10 de agosto de 2023.

La comunidad de Ostula tiene nada menos que 40 defensores asesinados en la historia de su defensa. Romero Bartolo resalta que “el contexto permite que haya facilidades para agredir a las personas, porque tenemos altísima corrupción y un grado de impunidad muy muy alto”. Son los dos componentes “que no abonan para nada al acceso a la justicia de los casos que nosotros hemos documentado”.

Agresiones que afectan a toda la sociedad

La activista socioambiental María González Valencia, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, organización que acompañó a los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en su defensa del territorio —para evitar que sus comunidades fueran inundadas y desaparecieran por la construcción de la presa de El Zapotillo, en Los Altos de Jalisco—, comenta que es importante que la sociedad valore la importancia de los defensores ambientales y del territorio.

“Cuando hay una agresión o un asesinato, evidentemente ellos pierden la vida, las familias lo padecen, pero es importante que se asuma que es una grave pérdida para la sociedad”, pues las luchas comunitarias tiene que ver con bienes naturales de alto valor económico y social.

González Valencia destaca que “los defensores enfrentan poderes económicos muy bien asentados, con fuertes ligas de complicidad hacia otros poderes, y con una ausencia del Estado que hace que la actividad de defensa sea cada vez más peligrosa”.

A su juicio, es fundamental que se modifique el proyecto de desarrollo con base en emprendimientos extractivos que alteran los territorios de los pueblos y violentan su derecho a consulta libre e informada. A la par, se requiere que el Estado mexicano se plantee como tarea central el combate a la impunidad, y de forma más específica, una eficaz labor de protección a activistas amenazados.

El Estado mexicano está fallando en proveer seguridad a los ciudadanos, una de sus tareas sustantivas, señala Romero Bartolo. No es solamente lo que marcan la constitución y las leyes reglamentarias, sino los compromisos internacionales asumidos, como el Acuerdo de Escazú, “que habla de garantizar entornos seguros y propicios para quienes defienden el medio ambiente y para que puedan realizar su labor de defensa de manera libre y segura”.

El informe de Cemda recomienda un replanteamiento de los esquemas de protección de defensores. “Implementar una política pública integral de protección, con perspectiva de género e intercultural, que incluya el diseño de medidas de protección colectivas adecuadas a los contextos específicos de las personas y comunidades defensoras del medio ambiente”. Además, enfatiza en la necesidad de “implementar políticas públicas adecuadas encaminadas a la prevención de las agresiones y sus causas”.

*Imagen principal: Eustacio Alcalá, líder de la comunidad nahua de San Juan Huitzontla, en Aquila, Michoacán, fue asesinado en abril de 2023. Foto: Cortesía Centro Prodh

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