Seguiremos alzando la voz #HastaSerEscuchadas

Amnistía Internacional México documentó cuatro casos de feminicidio en la zona oriente del Estado de México, precedidos por desaparición.

Las investigaciones hechas por las autoridades sobre estos feminicidios son deficientes porque:

• ● Pierden evidencias y no examinan las diferentes líneas de investigación.
• ● No aplican la perspectiva de género como lo establecen los protocolos para investigar muertes violentas de mujeres.
• ● Su inacción obliga a las madres, hijas y familiares de víctimas de feminicidio a invertir tiempo y dinero en labores de investigación que le corresponden al Estado y en presionar a las autoridades para que cumplan con su deber.

Esto afecta gravemente el acceso de las familias a la verdad, la justicia, la reparación integral del daño y a las garantías de no repetición.

Los casos documentados son: Nadia Muciño Márquez, desaparecida y asesinada en el 2004; el de Daniela Sánchez Curiel, desaparecida en 2015, actualmente en paradero desconocido y cuya familia presume que fue víctima de feminicidio; el caso de Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017, y el caso de Julia Sosa Conde, desaparecida y asesinada a finales de 2018.

Las madres, hijas y familiares de las víctimas siguen en la búsqueda de justicia.

¡Haz visible su lucha!

Firma la petición en la que exigimos justicia por los 4 casos y para que el gobierno del Estado de México se comprometa a:

• ● Reconocer con un posicionamiento público las deficiencias en las investigaciones de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México.
• ● Destinar los recursos necesarios para la atención de delitos de violencia de género en el Estado de México y para que las personas servidoras públicas que realizan esa labor, puedan hacerlo de forma eficiente y en condiciones de trabajo dignas.
• ● Investigar aquellas personas servidoras públicas que hayan cometido faltas o delitos contra las víctimas, e imponer medidas disciplinarias adecuadas cuando sea necesario.
• ● Garantizar a las madres, hijas, hijos y familiares de las víctimas de feminicidio, el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral del daño y a garantías de no repetición.